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| Cartel de la marcha por la ciencia - México 2018 |
Por: Fernando Quezada.
En el último periodo, la ciencia y la comunidad que la rodea se ha visto envuelta en escándalos, conflictos laborales, denuncias y polémicas a causa de las decisiones tomadas por el presidente de la República y la directora del CONACYT, sin embargo aunque desde hace tiempo se ha reivindicado la consigna de aumentar el presupuesto anual que asigna el gobierno federal al ramo 38 de ciencia y tecnología son pocos los comentarios realizados al respecto para comprender si hay avances en dicho aspecto y lo relativo al fortalecimiento del sistema científico nacional.
En ese sentido, cabe mencionar que la institucionalización de la investigación y desarrollo experimental es un hecho reciente, ya que la importancia estratégica de la inversión en ciencia y tecnología no había sido reconocida en su totalidad, sino hasta el año 1999 cuando se elevó al nivel de política de estado al ser incorporada en la iniciativa del Ejecutivo Federal por el H. Congreso de la Unión en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. No obstante, el interés gubernamental por los asuntos científicos se remonta a la época de la Reforma, periodo en el que se emitió la Ley Orgánica de Instrucción Pública promulgada en 1867 y reformada en 1869, que establecía por primera vez la necesidad de difundir las ciencias exactas en el país. Lo que significa que a comparación de otros países con una larga tradición científica México superó tardíamente la dinámica de las acciones gubernamentales de realizar esfuerzos aislados y de corto plazo que se habían emprendido en el pasado sin mucho éxito para apoyar la actividad científica; lo cual contrasta con los sistemas de investigación de las universidades, que si bien respondían más a sus propios objetivos que a las necesidades socioeconómicas del país, se convirtieron en los principales promotores del desarrollo científico.
Asimismo, dicha visión institucionalizada de la ciencia tuvo como consecuencia que en el año 2001 el Congreso de la Unión aprobara el incremento anual del monto de recursos públicos asignados a las actividades de investigación científica y tecnológica de las dependencias del Gobierno Federal, de la partida con clave presupuestal 019 hasta llegar al 4% del PEF en el año 2006, así como el blindaje presupuestal mediante la revisión sexenal de los montos asignables a dicha partida para que el país invirtiera en Investigación y Desarrollo Experimental un porcentaje cada vez más creciente de su PIB hasta superar el 2% en el año 2018.
Ahora recordemos que en el mismo periodo el interés del gobierno en turno consistía en convertir a México en un país de vanguardia dentro del campo del conocimiento y las tecnologías dentro un plazo de 25 años, tal como se establece en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, que por su contenido y materialización constituyó la primera política de Estado que, con el propósito de producir bienes de alta tecnología y patentes, dotó al sector de las bases jurídicas[1] necesarias para despegar mediante el fortalecimiento de los posgrados, incorporar las empresas en labores de gestión tecnológica y reformar de manera estructural el sistema de ciencia y tecnología para dar paso a la creación de centros de investigación, que dieran cobertura a áreas estratégicas del conocimiento. Si bien dicho interés es un acierto cabe mencionar, ya sea de paso, que la formulación de dicha política científica respondió principalmente a la presión ejercida por una aflorada crisis en el sector.
De acuerdo a la política científica del sexenio de V. Fox el país debía a travesar primero una etapa de cimentación de las bases del desarrollo científico y tecnológico propio (2001-2006) para despegar en 2012 con las condiciones necesarias para dar una cobertura estratégica y lograr una efectiva vinculación de las empresas con los centros públicos de investigación, y así alcanzar en 2018 un crecimiento rápido en la producción científica y generación de patentes con base en desarrollos tecnológicos propios que en el 2025 daría por resultado una paridad en la balanza de bienes de alta tecnología y una base sistematizada de registros internacionales de patentes de mexicanos.
Sin embargo, el decrecimiento progresivo y sostenido del gasto público, ocasionado por la implementación de la metodología de presupuesto base cero en los lineamientos y reglas de operación para el Diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015[2], demuestra que actualmente nos encontramos muy lejos de cumplir con los objetivos trazados para 2025, ya que de acuerdo a lo proyectado se tenía estimado que para 2018 el gasto en inversión y desarrollo experimental fuera del 2.0% del PIB cuando para el presente año solo se destinó el 0.42% del PIB.
Por tal motivo y con base en las propias proyecciones del poder Ejecutivo y Legislativo en turno se insiste en señalar que el presupuesto que actualmente se asigna para apoyar a las humanidades, ciencia, tecnología e innovación es tan incipiente que no es suficiente para incorporar a México en el grupo de países de baja competitividad en ciencia y tecnología (posiciones 35 al 49 de la clasificación del International Institute for Management) donde nuestro país se posicionó en el lugar 55 entre 64 países evaluados, con una calificación de 48.6 (escala o al 100)[3].
En conclusión, el actual apoyo que recibe la ciencia equivale a un incipiente esfuerzo en comparación con otros países que tienen baja competitividad en el sector, puesto que con la actual inversión asignada a ciencia y tecnología y desarrollo experimental el país apenas ha sido capaz de aumentar de 25,000 (2001) a 33,165 (2020) el número total de investigadores reconocidos por el SNI, lo que nos coloca muy por debajo de la meta establecida para el 2006 de un total de 80,000 investigadores. Sin entrar al detalle de otros indicadores de C y T como el número de investigadores por cada mil personas económicamente activas, el porcentaje de investigadores en el sector productivo y formación de doctores por año resulta evidente la urgencia de tomar medidas con relación a los lineamientos de planeación presupuestal como retornar al crecimiento inercial del presupuesto y la revisión sexenal como blindaje del mismo, junto con una restructuración del CONACYT en materia laboral, transparencia y rendición de cuentas , a efecto de garantizar la autonomía en la investigación, la libertad de cátedra y dar certeza respecto al pleno respeto a los derechos humanos laborales colectivos e individuales, como lo es el derecho al retiro digno, ya que sólo así se podría avanzar en la democratización de la ciencia.
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[1] Ley de Ciencia y Tecnología del 5 de junio de 2002.
[2] Quezada, Fernando (24 de septiembre de 2021). ¿Qué tanto se ha impulsado la ciencia en la 4T? Opinión. Recuperado el 02/11/2021. (https://notassinpauta.com/2020/09/24/que-tanto-se-ha-impulsado-a-la-ciencia-en-la-4t/).
[3] México Competitivo, Secretaría de Economía (17 de junio de 2021). El International Institute for Management Development (IMD) publicó los resultados del Anuario de Competitividad Mundial. Blog. Recuperado el 02/11/2021. (https://www.gob.mx/se/mexicocompetitivo/es/articulos/el-international-institute-for-management-development-imd-publico-los-resultados-del-anuario-de-competitividad-mundial-2021).
